La universidad pública en México

El número de estudiantes inscritos en carreras profesionales en las universidades en México es uno de los parámetros que más se ha incrementado a lo largo de los últimos cien años. En efecto, tenemos que al final de la primera década del siglo pasado, menos de 10,000 estudiantes realizaban estudios universitarios en comparación de los más de dos millones que así lo hacen en la actualidad, lo que representa un incremento por un factor superior a 200. Este incremento no puede ser explicado solamente por el aumento de la población del País, que creció por un factor de 7 en el mismo periodo.

De hecho, la matrícula de las universidades en México no creció en el siglo pasado de manera uniforme, sino que lo hizo por saltos. Así, tenemos que en 1950 el número de estudiantes universitarios en el País no pasaba todavía de 30,000, mientras que para 1970 este número superó los 200,000, según datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Durante la década de los setenta e inicio de los ochenta la matrícula de las universidades creció de manera acelerada, superando los 900,000 estudiantes en 1984, año a partir del cual la tasa de crecimiento se desaceleró para volver a incrementarse desde el año de 1994 hasta la actualidad.

De acuerdo también con datos de la ANUIES, el crecimiento de la matrícula de postgrado ha procedido también por saltos. Así, observamos que el número de estudiantes inscritos en programas de maestría en México aumentó 270 % entre 1992 y 1998, después de haberse mantenido relativamente estable desde 1980. Este comportamiento fue incluso más marcado, en el caso de la matrícula en programas doctorales, que aumentó un 460 % entre 1992 y 1998, sin haber prácticamente cambiado por más de una década.

Las universidades en nuestro País se expandieron sobre todo a partir de 1970, cuando se inició un proceso de masificación de la educación superior que se extendió hasta la mitad de la década de los ochenta. Este proceso está caracterizado por el hecho que el Gobierno Federal, soporte principal de la universidad pública en México, puso más énfasis en el crecimiento de la matrícula que en la calidad de los programas académicos apoyados.

En contraste, a partir de la década de los noventa la Secretaría de Educación Pública estableció diversos mecanismos para la evaluación y la acreditación del trabajo en las universidades, y con base en los resultados de la evaluación otorgarles apoyos específicos. Dicha evaluación fue dirigida tanto a los programas académicos como a los profesores de los mismos. Se estableció de este modo una clasificación de carreras profesionales con tres niveles de competencia, así como un organismo de acreditación por cada disciplina. A los profesores, por su lado, se les dio acceso a programas de estímulos económicos con base en su desempeño académico.

A partir de la década de los noventa las universidades públicas en México han estado sometidas a una serie de presiones que responden a visiones, muchas veces contrapuestas, sobre la función que debe cumplir la universidad pública en México, y que se han reflejado en los apoyos que les ha otorgado el Gobierno Federal en los últimos años. Por un lado, se concibe a la universidad pública en términos puramente mercantilistas como una fábrica de profesionales y técnicos. Según esta visión extrema, las universidades deben ser autosuficientes económicamente y los estudiantes beneficiados con la educación que reciben deben pagar por la misma. No habría espacio de esta manera para la investigación científica y humanística –excepto para la muy escasa que apoyara la iniciativa privada– y las universidades se limitarían a trasmitir a sus estudiantes los conocimientos generados en otros lugares del mundo. En estas condiciones, más que como entes públicos las universidades funcionarían mejor como instituciones privadas.

Hay, por otro lado, quienes piensan que la universidad pública debe cumplir una función social e impartir educación de calidad a todos aquellos que cumplan con ciertas exigencias académicas mínimas, sin importar si pueden o no pueden pagarla. La universidad pública, además, debe ser asiento de proyectos de investigación que tengan como propósito avanzar el conocimiento científico y desarrollar tecnologías para resolver problemas de impacto social, y para esto obligadamente se requiere del subsidio público. El grado de desarrollo económico de un País hoy en día está en gran medida ligado a su infraestructura de investigación científica y tecnológica y de formación de científicos e ingenieros de alta calificación, y dentro de esta perspectiva la universidad pública es un elemento esencial.

Mucho se ha avanzado en México desde la década de los setenta cuando el Gobierno Federal redobló el apoyo a la universidad pública en México y propició su crecimiento. Sin embargo, como lo demuestra la actual discusión sobre las asignaciones presupuestales a las universidades públicas para el siguiente año, es claro que aún queda mucho por hacer para que estas alcancen finalmente el lugar que México requiere.