Creación de empresas desde la academia

Con la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) en diciembre de 1970  la investigación científica y tecnológica en nuestro país experimentó un cambio cualitativo. Antes de esto, la investigación científica como profesión se practicaba en muy pocos lugares en México. Fundamentalmente en instituciones del área metropolitana de la capital, con algunas excepciones. Al inicio de la década de los años setenta la situación empezó a cambiar y la investigación empezó a penetrar al interior del país. Lentamente, sin embargo, como un reflejo del enorme rezago de México en la materia.

Entre los factores que frenaron el avance científico en las décadas de los años setenta y ochenta se cuentan, por un lado, las crisis económicas que sufrió el país, y por el otro, los bajos salarios que recibían los investigadores en nuestras universidades y centros de investigación –en parte debido a dichas crisis– que no permitían que se dedicaran exclusivamente a su profesión. Un elemento clave para atacar el problema salarial fue la creación en 1984 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) que, basado en los méritos y resultados académicos obtenidos por cada investigador, les otorga una beca como complemento salarial.  A partir de su creación, el SNI ha crecido de manera continua y hoy en día cuenta con alrededor de 27,000 miembros.

Si bien el SNI ha tenido un notable crecimiento en sus poco más de tres décadas de existencia, el número de investigadores en México es todavía muy pequeño en comparación con el tamaño de país –en los Estados Unidos, por ejemplo, alrededor de seis millones de personas están empleadas en puestos clasificados como de ciencia e ingeniería–. Los investigadores en México, además, y ante la ausencia de oportunidades de trabajo en otros sectores, se han incorporado fundamentalmente al medio académico, que ha incrementado sustancialmente su nivel de investigación.

En contraste, poco impacto ha tenido la investigación científica que se lleva a cabo en México en cuanto a transferencia de tecnología desde el medio académico hacia el sector productivo. ¿Cuál es la razón por la que existe una relación tan débil entre los dos sectores? En un artículo publicado en el mes de junio de 2016 en la revista “Technology in Society” por un grupo de investigadores del Instituto Politécnico Nacional encabezado por Alma Cristal Hernández Mondragón discuten el punto.

Consideran Hernández Mondragón y colaboradores una faceta particular de la vinculación universidad-empresa: la creación de nuevas empresas basadas en el conocimiento científico y tecnológico desarrollado en el medio académico, el cual es un proceso de vinculación academia-empresa que ocurre regularmente en los países avanzados. Llegan a la conclusión de que el desarrollo de este tipo de empresas ha sido inhibido en México en buena medida por reglamentaciones contenidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que se aplica a los investigadores adscritos a instituciones públicas que son así considerados servidores públicos.

De acuerdo con la ley, como servidor público el investigador se colocaría en una situación de conflicto de interés según la ley al crear una empresa con tecnología basada en sus resultados de investigación, enfrentando posibles sanciones administrativas e incluso penas de cárcel.

Lo anterior, sin embargo, fue cierto sólo hasta el mes de diciembre de 2015. A partir de esta fecha, ya no es el caso, como lo explica un artículo publicado el pasado martes en el periódico La Crónica de Hoy por el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. En efecto, en diciembre de 2015 se modificó la ley de servidores públicos para hacer una excepción a la situación de conflicto de interés de tal modo que ahora un investigador en una institución pública puede hacer uso de sus resultados de investigación para obtener un beneficio monetario, sujeto a las restricciones que le imponga su institución de adscripción. En particular, podría crear un empresa de base tecnológica y ser accionista de la misma.

La perspectiva de perder su trabajo o parar en la cárcel era, sin duda alguna, un disuasivo efectivo para que un investigador moderara –en caso de tenerlos– sus impulsos empresariales. Los cambios en la ley, que hacen una excepción al conflicto de interés, eliminan de este modo un obstáculo mayor para la transferencia de tecnología entre la academia y la empresa.

No es el único obstáculo a remover, sin embargo, y hay otros que merecen atención. Un problema en el horizonte es el del apoyo público a la investigación. La creación de empresas de base tecnológica parte de laboratorios y grupos de investigación consolidados y con un apoyo financiero adecuado. Por el momento, ante la falta de interés del sector privado, dicho apoyo sólo puede provenir del sector público. En las condiciones de crisis en las que se encuentra el país, sin embargo, el financiamiento a la investigación científica más que incrementarse se ha venido reduciendo y esto, sin duda, no ayudará a incentivar la creación de empresas desde la academia.

La interacción academia-empresa en nuestro país es sin duda muy débil. Esto, en último término, es producto de la relativamente reciente introducción de la ciencia en México. Después de todo, no ha transcurrido todavía medio siglo desde la fundación del CONACyT. Y poco más de tres décadas desde que se profesionalizó la investigación con la creación del SNI.